MADRID -- La Fiscal Carmen Marticorena pidió la desestimación de la demanda interpuesta por 15 socios compromisarios del Real Madrid encabezados por el ex-diputado Rafael Martínez-Campillo en la que exigen la revocación de las reformas a los Estatutos del club aprobadas en la Asamblea General de 2012 que endurecen los requisitos para presentar candidatura a la presidencia del club. Y aunque la decisión de la Fiscal “no es vinculante” a la decisión de la Juez que lleva el caso, Almudena Maricalva Arranz, quien dictará sentencia en un plazo máximo de tres semanas, se trata de una pequeña victoria para el presidente del Real Madrid.
La Fiscalía consideró que las modificaciones a los estatutos “no vulneran el derecho de asociación”, principal argumento de los demandantes, ni ve indicios de un carácter discriminatorio, por lo que recomendó que se archivara la causa.
“No procede la nulidad de la modificación de los Estatutos porque no se vulnera el derecho de Asociación”, concluye la Fiscalía en su informe, ya que “fue respaldado por la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid” y “no se vulnera el principio de igualdad”. Al juicio que arrancó éste miércoles acudió el ex presidente del club, Vicente Boluda, en calidad de testigo para los demandantes, pues se trata de uno de los principales afectados por las reformas.
“Mi único interés es que el club sea democrático”, señaló Vicente Boluda a su llegada al Juzgado de Primera Instancia No. 51 de Madrid donde se lleva el caso. Boluda, quien asumió el cargo en 2009 tras la marcha de Ramón Calderón, no pudo presentarse a elecciones en 2013 al no cumplir con los requisitos contemplados por las modificaciones al artículo 40 de los Estatutos del club: una antigüedad de 20 años como socio del club en lugar de los 10 años requeridos hasta 2012, y la existencia de un pre-aval bancario del 15% del presupuesto del club (entre 80 y 90 millones de euros) y que el candidato respalde dicho aval con su “patrimonio personal”.
De hecho, Boluda no podrá presentarse siquiera a las elecciones de 2017, pues le faltarán unos meses para cumplir los 20 años de antigüedad. Para los demandantes encabezados por Martínez-Campillo, socio compromisario miembro de la Peña Quinta del Buitre de Callosa de Segura, las restricciones impuestas por la directiva de Pérez blinda al actual presidente en el cargo y consideran que vulneran los principios democráticos por los que constitucionalmente se deben regir las asociaciones deportivas.
No obstante, la Fiscalía consideró que la exigencia de un “pre-aval no hace sino garantizar la exigencia que pide la Ley del Deporte, por tanto, se considera que el Real Madrid ha actuado cumpliendo con su normativa”.
En representación del Real Madrid acudió el Vicepresidente del club Eduardo Fernández de Blas, quien prestó declaración ante la juez y a su salida del juzgado afirmó que “estamos tranquilos que estamos en la seguridad de que lo que se aprobó en la asamblea es legal”.
La sentencia que se conocerá antes de que termine 2015 podrá ser impugnada en la Audiencia Provincial de Madrid, algo que por otro lado, ya tiene previsto el presidente del club, quien el pasado lunes, durante su comparecencia ante la prensa tras la derrota del Real Madrid ante Barcelona en el clásico, señaló que “el miércoles no pasará nada; se recurrirá la sentencia y pasará muchísimo tiempo antes de que llegue al (Tribunal) Supremo. No habrá elecciones”.
De perder la demanda, Florentino Pérez, deberá convocar a elecciones bajo las condiciones originales, sin pre-aval y con 10 años de antigüedad