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BUENOS AIRES -- El conflicto provocado por las exigencias de la Dirección Nacional de Migraciones ante el ingreso y registro legal de los jugadores extranjeros en la Liga Nacional puede significar un mojón en la historia de la competencia. Varios motivos se unieron para que pueda considerarse un antes y un después de esta conflictiva situación. Tanto las malas como las buenas referencias que pueda dejar este acontecimiento dependerán directamente de cómo lo asuman los principales protagonistas y las responsabilidades que afronten. Aunque todos los involucrados se hayan cuidado de no mencionarlo, lo cierto es que el ingreso de los jugadores extranjeros se estaba haciendo de manera incorrecta, aun cuando hace un par de temporadas ya hubo indicios de que habría un reclamo de las autoridades nacionales para normalizar el trámite. Hay que aceptar que la Liga Nacional es un acontecimiento público y que moviliza una inversión en esta temporada de casi 20 millones de dólares, de los cuales 3 millones, aproximadamente, se derivan a pagos de los 43 puestos destinados a jugadores extranjeros en el inicio del torneo. Tarde o temprano la situación saltaría (trabajadores foráneos que ingresan con visa de turistas y permanecen en el país 6, 7 u 8 meses) y todos los involucrados lo sabían. Se demoraron 28 temporadas en exigir el cumplimiento de una normativa. Ningún club puede argumentar que no hubo tiempo de ajustar el "error"... Producido el conflicto, al negarle el ingreso a los refuerzos para reiniciar el torneo, tras el receso de las Fiestas de Fin de Año, la resolución parece más benigna de lo que en un principio de temió. Aunque se disputaron cuatro partidos sin extranjeros y se dio una semana para que los clubes inicien los trámites pertinentes, al menos la Liga continuó. Suspenderla por un error del que los responsables eran conscientes, hubiese sido una mancha que nadie aseguraría que algún día pudiera limpiarse. ¿Cómo quedaban parados los clubes, siendo que el error parte de ellos? ¿Qué le hubiesen explicado a los muchos sponsors que sostienen a esos clubes, a los canales de televisión, pero sobre todo al público que acompaña en cada partido, si el torneo se hubiese parado por un problema administrativo evitable? Durante cuatro o cinco días no se escribió de otra cosa sobre la Liga Nacional en los medios de comunicación que del conflicto por los jugadores extranjeros. Y no se escribieron cosas buenas. Guste o no, ese es un dato negativo del que, inexplicablemente, nadie entre los protagonistas parece reparar ni dimensionar. Es cierto que la decisión de que ningún club utilizara los jugadores que sí lograron burlar los controles aeroportuarios no estuvo sustentada en una idea de igualdad deportiva, si no en el temor que generó la amenaza de multas de más de 130 mil pesos de parte de las autoridades nacionales. El propio presidente de la Asociación de Clubes (AdC), Eduardo Bazzi, reconoció, como si no hiciera 20 años que dirige la Liga Nacional, que lo sorprendió que, en medio del conflicto, algunas instituciones quisieran sacar ventajas deportivas, pidiendo anular descensos o frenar la competencia hasta que pudieran rearmar sus equipos. Resulta llamativo, al mismo tiempo, cómo muchos clubes miraron para otro lado cuando se debían asumir responsabilidades, y lo que es peor, quisieron traspasar sus obligaciones a otros. La AdC suele ser receptora, generalmente justificada, de muchos de los males de la competencia, aunque esta vez Bazzi jugó un papel positivo: se mostró impermeable a las presiones mezquinas de quienes querían aprovechar la situación (conoce su entorno) y realizó una buena gestión ante las autoridades de Migraciones, que sirvió para que los clubes recibieran información directa y para que el trámite sea más expeditivo, de acuerdo a sus urgencias deportivas. ¿Si la AdC debería controlar la situación? Es gracioso que se pida eso. Primero porque no hay que perder de vista que el contratante del jugador es el club, el que también asume el perjuicio por no cumplir las leyes. Pero además, la AdC no fiscaliza la economía de los clubes y meterse en este tema también significaría meterse con las cuentas, algo que ninguna institución acepta. La AdC se limita a reclamar los contratos con los importados para determinar las reservas al final de cada temporada. En lo deportivo puede inmiscuirse, pero con el dinero, no. De acuerdo a la situación fiscal que se vive en la Argentina, a nadie le escapa que en un futuro no tan lejano, los datos que generen la contratación de "empleados extranjeros", se entrecruzarán, para desembocar en un nuevo encuadre impositivo de la relación. Esto podrá generar el encarecimiento posterior de los contratos, que pasarían a incluir impuestos, los que generalmente son asumidos por el club. Con una mirada optimista y pensando en el futuro, no sería extraño que este mal momento que pasaron los equipos sirva para emprolijar la competencia, tanto en lo administrativo como en lo económico, aspectos en los que todavía los clubes no se han consolidado. El nuevo encuadre legal en el que se moverían los refuerzos importados, más burocrático, extenso y que expondría cierta relación de dependencia, obligará a una elección más fina, buscando achicar el margen de error deportivo, y evitaría el ritmo vertiginoso de recambios que se hizo habitual en la LNB, aunque en esta temporada, a causa del valor del dólar, sufrió una merma. Una mayor estabilidad en la conformación de los planteles podría asegurar un mejor afianzamiento en el juego. Al mismo tiempo, no sería extraño que si esos contratos se elevan, haya que resignar el buen nivel de refuerzos que se vio en esta temporada. Algunos clubes pagan con mucho esfuerzo los valores actuales y un incremento los perjudicaría de manera contundente. Sin embargo, la crisis que viven en Europa, le daría todavía alguna posibilidad en esa lucha económica a la Liga Argentina. También, porqué no, si la situación económica y legal se complica, podría pasar que los clubes determinen volver a las dos plazas para extranjeros (algunos ya lo decidieron en medio de este conflicto). Desde lo deportivo abriría más oportunidades para los jugadores nativos, que parecen beneficiarse. Será decisión de la dirigencia cómo la administra, en una puja económica en la que los clubes deben evitar que sus presupuestos se disparen y en la cual los jugadores le han ganado por goleada a lo largo de la historia. Por último, este incidente con los extranjeros desnudó un mal endémico de la Liga Nacional: un modelo de gestión perimido. Con los clubes en la propia toma de decisiones es inevitable que los representantes de cada club decidan o propongan de acuerdo a su conveniencia y no a la del torneo, actitud que ventiló el propio presidente Bazzi. Lo que ruboriza (hacia afuera) es que muchos directivos están convencidos de que debe ser así, que el dirigente, a la hora de las decisiones generales, debe cuidar los intereses de su club en lugar de pensar en el bien común. Para algunos clubes los buenos resultados deportivos implican también el acceso a la toma de decisiones y exigen que así sea. Además, cuando conviene, reclaman ser parte del conjunto para las determinaciones y cuando no, ven a la AdC como el enemigo y lo culpan de todo. Por eso, entre los propios clubes se recelan, se desconfían y se critican. Mientras algunos quieren llegar a la mesa directiva de la AdC, otros se aferran a sus lugares para seguir influenciando. Y así estamos.
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