El 12 ó 13 de mayo próximo, el Senado de Brasil deberá votar sobre la procedencia del juicio de destitución (impeachment) de la presidenta Dilma Rousseff, moción que más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados apoyó el día 17 de abril.
Prácticamente nadie duda del resultado de la próxima votación. Hasta ahora, cuando menos, cuarenta y ocho senadores han manifestado su intención de hacerlo a favor de la procedencia del impeachment, cuando sólo se requiere el voto de cuarenta y un senadores para que la moción sea aprobada. Así, la Presidenta Rousseff será suspendida del cargo por un periodo de seis meses, durante el cual el Senado deberá desahogar y resolver el juicio correspondiente. Para que proceda la destitución, se requerirá el voto de las dos terceras partes del Senado, mayoría que, por el momento, no se ha configurado.
En el lapso de seis meses de suspensión en el cargo asumirá la Presidencia de la República el Vicepresidente Michel Temer, del Partido Democrático Brasileño, y ahora opositor de Dilma Rousseff, militante del Partido del Trabajo, agrupación a la que también pertenece el ex Presidente Lula Da Silva. El Vicepresidente Temer fue, junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, impulsor decisivo de la moción del impeachment.
El futuro Presidente Temer tiene ante sí un difícil escenario. En lo económico, Brasil atraviesa una grave recesión, con tasas de desempleo superiores al 10% y de inflación de más del 6%, una recesión que sólo podrá ser revertida en el mediano y largo plazos con severos ajustes fiscales a los cuales acompañarán inevitablemente una reducción de los programas sociales que instrumentaron los gobiernos del PT y que sacaron de la pobreza a varias decenas de millones de brasileños.
En lo político, enfrentará la decidida oposición del PT y sus aliados que acusarán al nuevo gobierno de asumir el poder mediante un golpe civil ya que, a su juicio, el cual es compartido por la inmensa mayoría de observadores imparciales, la Presidenta Rousseff no cometió ningún delito que la hiciera merecedora de la destitución sino, en todo caso, una falta administrativa en la presentación de las cuentas gubernamentales.
Ese es el escenario en el cual el futuro Presidente Temer habrá de inaugurar en cien días los Juegos Olímpicos de Río, ocasión en la cual Brasil será centro de la atención de la opinión pública internacional y que gobierno y oposición procurarán aprovechar para la mayor difusión de la imagen que pretendan proyectar.
Para Michel Temer y sus aliados representará la oportunidad para demostrar al mundo que es capaz de gobernar eficazmente y, de esa manera, sentar las bases para poner en marcha nuevamente la alicaída economía brasileña. Para el PT y sus aliados constituirá la ocasión más propicia para denunciar internacionalmente la ilegitimidad del nuevo gobierno, la ingobernabilidad del país y la cancelación de los avances sociales logrados durante las administraciones del PT.
Frente a ese panorama, no cabe preguntarse si se producirán manifestaciones de protesta durante los próximos Juegos Olímpicos. La respuesta indudable es sí. Las preguntas que son pertinentes tienen que ver, en cambio, con la magnitud y el carácter de tales protestas, así como sobre sus efectos en el desarrollo de la justa.
Parece indudable que las manifestaciones de protesta serán concurridas. El PT y sus aliados no son una minoría insignificante. Representan, cuando menos, el 25 por ciento del electorado brasileño y controlan sindicatos y muy diversos movimiento sociales.
En cuanto al carácter de las manifestaciones de protesta, hay que decir que, históricamente, en Brasil no han sido violentas, aunque no puede ignorarse que en el propio PT y en los movimientos sociales que lo acompañan existen grupos radicales a los que no les es ajena la tentación de recurrir a ella.
¿Es posible que esas manifestaciones de protesta se propongan impedir u obstaculizar el desarrollo de los juegos olímpicos? Si se toma en cuenta que fueron los gobiernos del PT los impulsores de la candidatura de Río para ser sede de los juegos olímpicos, la respuesta sería negativa. Pero, si los liderazgos institucionales no logran controlar a sus partidarios más radicales y se producen acciones de violencia, se presentarán dificultades para el mejor desarrollo del certamen deportivo, sobre todo por la fragilidad urbana de Río, una ciudad que, por su peculiar orografía, dispone de escasas vías de comunicación.
En todo caso, la efectividad y prudencia de las fuerzas del orden, ésta última cualidad que no es característica de la policía carioca, será decisiva para que los Juegos Olímpicos no se vean entorpecidos por eventos de violencia.
Colaboración de Andrés Valencia Benavides, embajador de México en Brasil del 2006 al 2010.